España, violada y robada por la clase política más corrupta de la historia.

 

la justicia se rinde.el roto45 diputados del PP valenciano piden el indulto para el exalcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo, pendiente de ingresar en prisión condenado por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

En los escaños del PP valenciano se sientan hasta ocho diputados con problemas con la justicia; más otro, Rafael Blasco, que ahora forma parte del grupo de no adscritos tras su expulsión por un supuesto fraude de ayudas al tercer mundo en su época de consejero de Solidaridad y Ciudadanía.

Los ocho imputados forman un grupo variopinto. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde de esa ciudad, Luis Díaz Alperi, están implicados en el caso Brugal, una supuesta trama para manipular el urbanismo de la localidad con el objetivo de favorecer al promotor Enrique Ortiz, con quien han compartido yate, regalos y vacaciones. Dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Ángelica Such, se encuentran procesadas por favorecer presuntamente a Orange Market, terminal valenciana de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur. La fiscalía solicita para Martínez, conocida como La Perla, once años de cárcel y el embargo de sus bienes por un valor de 630.000 euros.

Tres exaltos responsables del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, exsecretario general, exvicesecretario general y extesorera, respectivamente, de los populares valencianos, también tienen que responder ante la justicia por su presunta implicación en la financiación irregular del partido. A estos siete hay que añadir un exvicepresidente del Consell en la época de Camps, Vicente Rambla, que supuestamente actuó de intermediario entre la administración autonómica y el partido para facilitar la supuesta financiación irregular.

corrupcion-politicosLa juez Mercedes Alaya ha ampliado la investigación del caso ERE a todas las consejerías de la Junta de Andalucia.

La magistrada ha exigido al Ejecutivo la documentación sobre las subvenciones que todos sus departamentos concedieron a través de la agencia Idea entre 2001 y 2011. Los agentes de la Guardia Civil analizarán todas las ayudas, avales y préstamos concedidos a empresas durante una década, un análisis descomunal. De estas indagaciones destacan 36 ayudassobre las que ya recaen sospechas y que están vinculadas al fondo para empresas en crisis que dotó la Consejería de Empleo con 721 millones.

En el verano de 2012 la presidenta de la Junta, Susana Díaz, era consejera de la Presidencia y acusó a Alaya de dirigir una “causa general” contra el Gobierno andaluz cuando trascendió un informe policial sobre que el Consejo de Gobierno participó del sistema de ayudas al aprobar cada año las modificaciones presupuestarias. “Estamos hablando de una causa general contra la Junta, un proceso inquisitorial con fines partidarios”, criticó Díaz. Este viernes, sin embargo, primó el silencio. La nueva estrategia de la Junta pasa ahora por un escrupuloso respeto a las decisiones de Alaya y ningún miembro del Ejecutivo autónomo se pronunció al respecto.

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