La indignidad de la política.

 

El martes se votó en el Parlamento la primera iniciativa contra la reforma de la ley del aborto. No es un tema menor, ni una cuestión de trámite, es un proyecto de ley de enorme gravedad que afecta a la libertad y a los derechos de las mujeres. Sin embargo, para los parlamentarios lo único relevante era si los diputados del PP rompían o no la disciplina de grupo. Lo había provocado el PSOE, al exigir el voto secreto para incentivar con el anonimato la resolución del conflicto interior de aquellos miembros del PP con dudas de conciencia. Y lo había alimentado el propio PP prohibiendo tajantemente a los suyos que votaran por libre. De modo que la prioridad no era la cuestión en sí, sino la obediencia debida. ¿Cómo pueden esperar nuestros dirigentes que los ciudadanos les tomen en serio si para ellos la cohesión del partido —es decir, la lealtad corporativa— es más relevante que retirar o no a las mujeres un derecho adquirido en la legislación vigente?

Las imágenes de unos diputados populares jaleando a Gallardón después de la votación recordaban inevitablemente otro infausto momento de la historia de nuestra democracia: el día que los diputados del PP festejaron con obsceno entusiasmo que todos habían votado como un solo hombre a favor de la guerra de Irak. España se acababa de apuntar a una guerra y el PP no podía contener su alegría porque nadie había roto la disciplina.

Son dos iconos de la indignidad de la política. La inquebrantable unidad del partido por encima de todas las cosas. Al parecer restringir la ley del aborto, en este retroceso dirigido por el PP para situarnos de nuevo en la cola de Europa en materia de derechos y libertades, o apostar por una guerra absolutamente innecesaria, como han demostrado los hechos, son cuestiones menores al lado de la cohesión y la disciplina del grupo. Y lo llaman democracia. Lamentable espectáculo que solo pone de manifiesto la miseria de nuestra clase política, con unos partidos cerrados y burocratizados, jerárquicos y opacos, que impiden la irrupción de actores políticos con personalidad y criterio capaces de romper la cultura de casta cuando es necesario. Se empieza por olvidarse de las ideas propias, se aprende a no contradecir al jefe, se asume que fuera del partido no hay vida, se ponen una venda en los ojos para no ver las cosas feas y, a veces, algunos, incluso acaban robando, para bien del partido, por supuesto. Y se estigmatiza como antipolíticos a aquellos ciudadanos que piden la palabra, denuncian la indignidad y gritan “no nos representan”. Con espectáculos como el del martes en el Congreso, se lo ganan a pulso. Si los partidos son lo único importante, ¿qué pintamos los ciudadanos?

 

Fuente: Josep Ramoneda. El País.

Una gilipollez.

 

En torno a la palabra violencia circulan tantos intereses, y tan bastardos, que de vez en cuando conviene reflexionar sobre su significado. ¿Es violencia, por ejemplo, que el precio de la electricidad dependa de una subasta? Si tenemos en cuenta que este invierno muchas familias están pasando frío porque no pueden pagar el recibo de la luz, quizá ese tráfico de vatios constituya una forma de violencia atroz, aunque se ejerza desde detrás de una mesa de caoba, oliendo a Armani y con un sello de oro en el dedo anular. Ahora mismo hay muchos bebés amoratados, con bronquitis, muchos bebés y muchos ancianos pasando un frío espantoso debido a los movimientos especulativos de empresas que actúan prácticamente en régimen de monopolio. Esta clase de violencia criminal no está incluida en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero hace mucho daño, a veces mata. Nos escandaliza sin embargo más un contenedor de basura chamuscado. En estos momentos, hay en las cárceles o en las comisarías chicos y chicas detenidos porque sí, por reclamar lo evidente o porque pasaban por allí.

Bueno, en el espacio de una columna cabe lo que cabe, pero sobran ejemplos de violencia institucional. La del precio del gas, sin ir más lejos. También es violencia, creemos, robar el dinero a los contribuyentes para entregárselo a los bancos. O amnistiar a los grandes defraudadores. Un caso de violencia sin límites es la biografía reciente de Blesa, que mientras hundía Caja Madrid se subía el sueldo y estafaba a los pequeños ahorradores, y daba órdenes obscenas desde su Ferrari y sus yates, todo ello sin dejar de matar mamíferos de 400 quilos con su rifle de diez mil euros, obsequio de la casa. Al ministro del Interior le conmueve ver un escaparate roto, pero un escaparate roto, amigos, es una gilipollez comparado con un correo electrónico de Aznar.

 

Autor: Juan José Millás. El País.

España, violada y robada por la clase política más corrupta de la historia.

 

la justicia se rinde.el roto45 diputados del PP valenciano piden el indulto para el exalcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo, pendiente de ingresar en prisión condenado por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

En los escaños del PP valenciano se sientan hasta ocho diputados con problemas con la justicia; más otro, Rafael Blasco, que ahora forma parte del grupo de no adscritos tras su expulsión por un supuesto fraude de ayudas al tercer mundo en su época de consejero de Solidaridad y Ciudadanía.

Los ocho imputados forman un grupo variopinto. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde de esa ciudad, Luis Díaz Alperi, están implicados en el caso Brugal, una supuesta trama para manipular el urbanismo de la localidad con el objetivo de favorecer al promotor Enrique Ortiz, con quien han compartido yate, regalos y vacaciones. Dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Ángelica Such, se encuentran procesadas por favorecer presuntamente a Orange Market, terminal valenciana de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur. La fiscalía solicita para Martínez, conocida como La Perla, once años de cárcel y el embargo de sus bienes por un valor de 630.000 euros.

Tres exaltos responsables del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, exsecretario general, exvicesecretario general y extesorera, respectivamente, de los populares valencianos, también tienen que responder ante la justicia por su presunta implicación en la financiación irregular del partido. A estos siete hay que añadir un exvicepresidente del Consell en la época de Camps, Vicente Rambla, que supuestamente actuó de intermediario entre la administración autonómica y el partido para facilitar la supuesta financiación irregular.

corrupcion-politicosLa juez Mercedes Alaya ha ampliado la investigación del caso ERE a todas las consejerías de la Junta de Andalucia.

La magistrada ha exigido al Ejecutivo la documentación sobre las subvenciones que todos sus departamentos concedieron a través de la agencia Idea entre 2001 y 2011. Los agentes de la Guardia Civil analizarán todas las ayudas, avales y préstamos concedidos a empresas durante una década, un análisis descomunal. De estas indagaciones destacan 36 ayudassobre las que ya recaen sospechas y que están vinculadas al fondo para empresas en crisis que dotó la Consejería de Empleo con 721 millones.

En el verano de 2012 la presidenta de la Junta, Susana Díaz, era consejera de la Presidencia y acusó a Alaya de dirigir una “causa general” contra el Gobierno andaluz cuando trascendió un informe policial sobre que el Consejo de Gobierno participó del sistema de ayudas al aprobar cada año las modificaciones presupuestarias. “Estamos hablando de una causa general contra la Junta, un proceso inquisitorial con fines partidarios”, criticó Díaz. Este viernes, sin embargo, primó el silencio. La nueva estrategia de la Junta pasa ahora por un escrupuloso respeto a las decisiones de Alaya y ningún miembro del Ejecutivo autónomo se pronunció al respecto.